“El miedo a los ataques terroristas y las corrientes masivas de
refugiados están provocando que muchos gobiernos occidentales estén
restringiendo las protecciones de derechos humanos”, dijo Roth. “Estos
retrocesos amenazan los derechos de todos, sin ninguna eficacia
demostrada a la hora de proteger a los ciudadanos comunes y corrientes”.
Los significativos flujos migratorios hacia Europa, provocados en gran medida por el conflicto en Siria,
junto con la propagación de los ataques contra civiles en nombre del
grupo extremista Estado Islámico (también conocido como ISIS), han
generado un creciente alarmismo e islamofobia, advirtió Human Rights
Watch. Pero a medida que los gobiernos europeos cierran sus fronteras,
están resucitando viejos patrones para eludir la responsabilidad ante
los refugiados, al pasar el problema a los países de la periferia de
Europa, los cuales están menos equipados para acogerlos o protegerlos.
El énfasis en la potencial amenaza que representan los refugiados
también está distrayendo a los gobiernos europeos a la hora de abordar
sus propias amenazas terroristas y los pasos necesarios para evitar la
marginación social de las poblaciones descontentas.
Los diseñadores de políticas en Estados Unidos
han utilizado la amenaza del terrorismo para tratar de revertir
recientes restricciones modestas a la capacidad de las agencias de
inteligencia de recurrir a la vigilancia masiva, mientras que Reino Unido y Francia
han tratado de ampliar sus poderes de supervisión. Eso socavaría
significativamente los derechos de privacidad sin una mejor capacidad
demostrada para frenar el terrorismo. De hecho, en una serie de ataques
recientes en Europa, los autores eran conocidos por los servicios de
seguridad, pero la policía estaba demasiado desbordada como para poder
llevar a cabo un seguimiento adecuado. Esto sugiere que lo que se
necesita realmente no es una mayor cantidad de datos, sino más capacidad
para investigar pistas específicas, señaló Human Rights Watch.
“Culpar a la totalidad de los inmigrantes o las comunidades
minoritarias, además de un error por sí mismo, también es peligroso”,
dijo Roth. “Denigrar a comunidades enteras por las acciones de unos
pocos genera precisamente el tipo de división y animosidad que los
reclutadores de terroristas anhelan explotar”.
La respuesta de Europa a la afluencia de refugiados también ha sido
contraproducente. El efecto de dejar a la mayoría de solicitantes de
asilo sin otra alternativa que arriesgar sus vidas en embarcaciones poco
seguras para cruzar el mar y llegar a Europa ha creado una situación
caótica que los terroristas potenciales pueden explotar fácilmente.
“La creación de vías seguras y ordenadas para que los refugiados
puedan llegar a Europa reduciría el número de vidas perdidas en el mar, a
la vez que ayudaría a los funcionarios de inmigración a descartar los
potenciales riesgos, incrementando así la seguridad para todos”, dijo
Roth.
Los movimientos populares lanzados por organizaciones de la
sociedad civil con la ayuda de las redes sociales preocuparon a muchos
gobiernos autoritarios. Los precedentes de los levantamientos árabes, la
“revolución de los paraguas” en Hong Kong y el movimiento Maidan en Ucrania desataron una determinación entre muchos autócratas para evitar que la gente se uniese con el fin de hacerse oír.
Gobiernos abusivos han tratado de sofocar a grupos cívicos
promulgando leyes que restringen sus actividades y cortan el
financiamiento internacional que necesitan. Rusia y China
figuran entre los peores infractores. Una represión de esta intensidad
no se había visto en décadas, incluyendo la persecución de grupos
disidentes en Rusia y el arresto de abogados y activistas en China, dijo
Human Rights Watch. El partido gobernante de Turquía ejecutó una fuerte represión, enfocada en los activistas y los medios de comunicación críticos con el gobierno.
Etiopía e India, a menudo mediante el uso de retórica nacionalista,
impusieron límites a la entrada de capital extranjero para eludir la
supervisión independiente de violaciones de derechos cometidas por el
gobierno. Bolivia, Camboya, Ecuador, Egipto, Kazajstán, Kenia, Marruecos, Sudán y Venezuela
han promulgado leyes imprecisas y excesivamente amplias para controlar a
los activistas y socavar la capacidad operativa de los grupos
independientes. Los gobiernos occidentales han sido muy lentos en
pronunciarse en contra de estas amenazas globales.
A pesar de estas graves amenazas a los derechos, el 2015 también
trajo novedades positivas. Las personas lesbianas, gais, bisexuales y
transgénero (LGBT), a menudo víctimas de leyes abusivas y ataques
violentos, lograron grandes avances hacia la igualdad con la
legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Irlanda, México y Estados Unidos, y la despenalización de la homosexualidad en Mozambique.
En el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una
declaración de 72 países estableció el compromiso para acabar con la
violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la
identidad de género.
Las históricas elecciones en Birmania transcurrieron pacíficamente en noviembre, y los nigerianos
también celebraron la transferencia pacífica del poder a la oposición.
En septiembre, la ONU adoptó 17 objetivos de desarrollo ambiciosos que
por primera vez son universales y están fundados en los derechos
humanos. Esta agenda incluye metas para alcanzar la igualdad de género y
facilitar el acceso universal a la justicia. En la cumbre climática de
la ONU en París, los gobiernos acordaron por primera vez “respetar,
promover y considerar” los derechos humanos en su respuesta al cambio
climático, especialmente en lo que respecta a los pueblos indígenas, las
mujeres, los niños, los migrantes y otras personas vulnerables.
El fracaso de los enfoques punitivos al consumo de drogas ha
impulsado un mayor diálogo y la toma de medidas para la despenalización
en muchos lugares, entre ellos Canadá, Chile, Croacia, Colombia, Jamaica, Jordania, Irlanda, Túnez y EE.UU. Y las víctimas de Hissène Habré aplaudieron el juicio contra el ex dictador de Chad, procesado en Senegal
por crímenes contra la humanidad durante su gobierno en la década de
1980: el primer juicio de un ex jefe de Estado por los tribunales de
otro país.
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